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Sabado 20 de Enero de 2018

Bonificación en viviendas de protección oficial

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La concesión o denegación de bonificaciones está adaptada a la normativa de cada tributo. El Ayuntamiento es quien aprueba las bonificaciones a aplicar en los impuestos municipales y es quien decide delegar o no su competencia a la Diputación Provincial de Teruel.

El presente procedimiento tiene por objeto el otorgamiento de la bonificación en viviendas de protección oficial cuando el Ayuntamiento ha delegado dicha competencia a la Diputación Provincial de Teruel. El ciudadano debe solicitar la bonificación que llega al Departamento de Gestión Tributaria que estudia el expediente y aplica, si procede, la bonificación en el recibo de liquidación.

¿A quien va dirigido?

  • Obligado tributario adjudicatario de una vivienda de protección oficial.

Se deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • La solicitud debe ir firmada por el obligado tributario.
  • Deben adjuntarse todos los documentos requeridos.

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Plazo de presentación

  • En cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos a contar desde el otorgamiento de la calificación definitiva de las viviendas de protección oficial.

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Lo que se debe saber...

  • Del mismo modo que el administrado tiene la obligación de abonar los tributos que la ley le marca, ostenta también una serie de derechos que le permiten resultar beneficiado en ciertas ocasiones. Las bonificaciones son el resultado de una situación particular en la que se encuentra el administrado y que, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, puede obtener ayudas económicas que le motiven y permitan desarrollar una determinada actividad o en dejar de pagar otras que, salvo por sus características particulares, debería abonar.
  • Las bonificaciones son todas rogadas, es decir, deben ser solicitadas por el interesado.
  • La Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las clasifica en obligatorias o potestativas, en función de si es o no necesario para su aplicación que el Municipio establezca su imposición mediante ordenanzas fiscales (por ejemplo, las ayudas para Viviendas de Protección Oficial o las relativas a familias numerosas).
  • La concesión o denegación de bonificaciones o deducciones está adaptada a la normativa de cada tributo. No obstante cabe destacar las siguientes peculiaridades:
    • La concesión no genera derechos adquiridos para quienes los disfrutan: cuando se modifica la norma legal u ordenanza, será de aplicación el régimen resultante de las mismas.
    • Tiene carácter rogado, que se traduce en la presentación de una instancia fundamentada dirigida al Alcalde correspondiente o al Presidente de la DPT, según tenga o no la competencia delegada.
    • No tienen carácter retroactivo, como regla general.
    • Tesorería establece el procedimiento para verificar que se cumple la caducidad de beneficios fiscales cuando ha llegado su término de disfrute.
    • El acuerdo sobre la procedencia o no de beneficios fiscales debe adoptarse dentro del plazo de seis meses, finalizado el mismo se entiende desestimada la solicitud.

 

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¿Cómo se tramita?

Los pasos que se siguen en el procedimiento son los siguientes:

  1. Presentación del modelo normalizado de solicitud por el obligado tributario junto con la documentación requerida.
  2. Se apertura el expediente que es recibido y tramitado por la Sección de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Teruel, que elabora la correspondiente carta-propuesta de resolución.
  3. Tras la firma del Tesorero, Gestión Tributaria procede a notificar la resolución al obligado tributario, modifica su base de datos y, una vez notificado, aplica la bonificación en el recibo.

Efecto del silencio administrativo:

  • Negativo (desestimación presunta).

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¿Cómo se solicita?

La documentación que se debe presentar es:

  • Solicitud debidamente cumplimentada.
  • Fotocopia del D.N.I.( en caso de que sea presentado en formato papel).
  • Copia de la Declaración final de vivienda protegida junto al anexo donde constan las características de la construcción.
  • Certificación de la calificación definitiva.
  • La documentación que el solicitante que estime pertinente para justificar su solicitud.

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¿Cuál es la normativa que rige el procedimiento?

Estatal:

  • Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

  • Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos.

  • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

  • Ley 4/1996, de 10 de enero, que modifica la Ley 7/1985 Reguladora de las bases de Régimen Local, en relación con el padrón municipal.

  • Ley 4/1999, 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

  • Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

  • Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos

Autonómica:

  • Ley 7/1999, de 9 de abril, de administración local de Aragón.

Local:

  • Ordenanza General de Gestión y Recaudación de tributos e ingresos municipales de derecho público, cuya Gestión ha sido delegada en la Diputación Provincial de Teruel (publicada en el BOP TE nº 54 de 18/03/2008).
     

 

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¿Qué recursos puedo presentar?

  • Recurso de reposición (art. 222 y s.s. Ley General Tributaria en relación con el art. 116 y s.s. Ley 30/92).
  • Reclamación económico-administrativa (art. 226 y s.s. Ley General Tributaria).
  • Recurso contencioso-administrativo (art. 249 Ley General Tributaria en relación con los arts. 25 y s.s. Ley 29/98).

  • Recurso de reposición (art. 222 y s.s. Ley General Tributaria en relación con el art. 116 y s.s. Ley 30/92) ante el mismo órgano que dictó el acto administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
  • Reclamación económico-administrativa (art. 226 y s.s. Ley General Tributaria), ante el órgano administrativo-económico correspondiente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado.
  • Recurso contencioso-administrativo (art. 249 Ley General Tributaria en relación con los arts. 25 y s.s. Ley 29/98), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución.

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Última actualización: 5 de Febrero de 2010

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